El arbitraje

¿QUÉ ES CENTRAL DE ARBITRAJE?

Central de Arbitraje es la primera empresa en Canarias constituida por profesionales vinculados al sector del Derecho y la práctica Mercantil que, a tenor de lo establecido en la ley 60/2003 de Arbitraje, ejercen su actividad de un modo eficaz y alternativo a la justicia ordinaria, a la hora de solucionar conflictos (Fundamentalmente incumplimiento e impagos), con un sistema más ágil y menos costoso para el interesado que el utilizado en la Justicia Ordinaria.

Nuestro objetivo primordial es informar a los empresarios y profesionales sobres las ventajas que supone acogerse a la clausula de arbitraje como mecanismo eficaz a la hora de blindar su empresa contra incumplimientos e impagados, generando una cobertura de servicios de prevención de este tipo de riesgos al amparo de lo establecido en la Ley.

¿Cuales son los beneficios del arbitraje?

Rapidez: Es mucho más rápido y eficaz que un juicio en la justicia ordinaria.

• Ventajas económicas: Conocimiento anticipado de los costos y tarifas del juicio arbitral con una importante diferencia con respecto a la justicia ordinaria en cuanto al ahorro que supone. Es mucho más económico, con el arbitraje evita los procesos judiciales interminables que resultan más costosos por los honorarios que causan y por el tiempo que pueden durar en tener una sentencia en firme.

• Evita litigios y tiene fuerza de ley: el laudo arbitral tiene efecto de una sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada. Se ejecutan del mismo modo que las sentencias de última instancia.

• Es reservado: El arbitraje se desarrolla en un ambiente privado y confidencial para las partes.

El arbitraje está cada vez más presente en la mediación de la actividad diaria de un empresario y comunidades de vecinos. Sus ventajas indudables: agilidad, rapidez y ahorro de costes.

La fórmula del arbitraje es una alternativa privada, basada en el principio de voluntad de las partes, en la que se someten a la decisión de un tercero, aceptando como firme la sentencia que dictamine. Su plazo de resolución no es mayor de seis meses y la decisión tiene carácter de sentencia firme.

Para las empresas que lo utilizan de manara habitual es una forma de blindarse en sus facturas y contratos frente a...